Pensiones ideales

Olga Feliú

Causan extrañeza los recuerdos románticos del pasado en materia de previsión. ¿Será efectivamente conveniente una opción, para elegir entre las pretendidamente fracasadas AFP, o un sistema solidario de reparto, como se sostiene? ¿Existió éste alguna vez? La respuesta requiere recordar cuál era la situación de las personas y del sistema antes de 1980. A esa fecha, la previsión era tremendamente injusta y discriminatoria pues no existía la pretendida solidaridad que hoy se añora. Los mayores beneficios previsionales favorecían a quienes tenían mayor poder de presión ante los Poderes Políticos legisladores. Así, se obtenían Cajas de Previsión especiales con mejores derechos. Igualmente, discriminaba, arbitrariamente, favoreciendo a quienes desempeñaban los más altos y mejores empleos del Estado, en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En el régimen previsional de la CANAEMPU, a que ellos adscribían, junto con el régimen común de cálculo de las pensiones iniciales, -aplicable a la generalidad de los imponentes-, que era con promedio de los 36 últimos meses, era con el último sueldo, tratándose de los Jefes Superiores de Servicio, empleos superiores y topes de escalafón, Ministros y Subsecretarios de Estado, (Ejecutivo), parlamentarios (Legislativo) y Ministros y Fiscales de las Cortes, Suprema y de Apelaciones (Judicial). El reajuste de estas pensiones se efectuaba sobre la base de la remuneración asignada al empleo en que jubiló. Eran, las conocidas, como pensiones perseguidoras.

Así, claramente no había solidaridad, porque ésta consiste en que los que cotizan más, contribuyan al mejoramiento de las pensiones de quienes cotizan menos y, en estos casos, era al revés. A ello se agregaban una multiplicidad de regímenes previsionales, con mejoramientos sin sustento en las cotizaciones, y las jubilaciones por antigüedad (30 años) y numerosos casos en que se podía acceder a pensión con sólo 15, o 20 años computables.

El Informe Prat, de los años 1960 -fruto del acucioso trabajo de una Comisión- daba cuenta de esa caótica realidad. Esa situación había conducido, al año 1980 a la virtual quiebra del sistema, que no podía continuar como estaba, porque las arcas fiscales no eran capaces de sustentarlo. Fue sobre la base de ese contexto en que se dispuso el cambio de sistema previsional, con una pesada carga para el erario nacional por el traspaso de cotizaciones –inexistentes en el hecho- y de las cuales el Fisco se había apropiado en su oportunidad.

Al aprobarse el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y disponerse la creación de las AFP, sociedades anónimas de giro exclusivo, se reglaron los beneficios que debían dar a sus afiliados, y todas las acciones que debían ejecutar y aquellas que les están vedadas. Para interpretar el exacto alcance de tales preceptos y vigilar el apego al ordenamiento normativo por las AFP, se creó la Superintendencia de AFP.

El nuevo sistema reconoce a los imponentes la propiedad de sus cotizaciones, y la transparencia que se le exige. Permite a los cotizantes el reclamo oportuno del no pago, o de la subcotización, por los obligados a efectuarlas.

Esta realidad hace ver cuán infundado y engañoso resulta plantear que el sistema previsional vigente en 1980, era solidario y era bueno. No era ni lo uno, ni lo otro: era discriminatorio por gremios y privilegiaba, en el régimen general, a los más poderosos. El deterioro en el monto de las pensiones no se debe al nuevo sistema, él tiene su origen en el aumento de los años de vida y en las bajas, o ausencia de cotizaciones.

El país está avanzando en un camino peligroso. Sobre la base del desconocimiento de la situación previa al cambio previsional -que no se da a conocer- se siembra una esperanza de mejoras no sostenibles, olvidando que no hay beneficios gratis. Si las pensiones no se financian con cotizaciones, el costo lo asumen los contribuyentes. Si va a ser así, se debe fundar y explicar el por qué de ello, y discutirse de cara al país los beneficios que quiere otorgar el Estado. Todo ello, sin discriminaciones arbitrarias.